Concejal de Bogotá demanda al gobierno de Petro por suspensión de recursos destinados al metro y otros proyectos

El concejal de Bogotá, Juan Baena, presentó una demanda contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por la suspensión de 1.5 billones de pesos, fondos que estaban destinados a financiar, entre otros proyectos, las nuevas fases de la construcción del metro de Bogotá. Baena, quien pertenece al partido Nuevo Liberalismo, expresó su preocupación por esta decisión, calificándola de "robo".

La demanda se basa en el aplazamiento de más de 770.000 millones de pesos que se habían comprometido para el avance de la primera línea del metro, así como de otros recursos: 328.532 millones de pesos para la troncal de TransMilenio de la Calle 13 y 345.745 millones de pesos para el Regiotram de Occidente. Estas transferencias fueron suspendidas mediante el Decreto 0069 de 2025, que afecta las vigencias futuras que la Nación debe cumplir.

Baena busca que, a través de la demanda, se declare la nulidad del decreto de aplazamiento emitido por el Ministerio de Hacienda. "El Metro está a punto de superar el 50 % de avance en su primera línea, así que Petro no puede detener el metro, Bogotá no lo permitirá. Lo que estamos pidiendo es que se declare la nulidad del Decreto 0069 de 2025, que frena recursos vitales para el desarrollo de la ciudad", afirmó Baena, quien considera que esta medida del Gobierno vulnera varias normas constitucionales y legales.

Según Baena, la suspensión de los fondos por parte del gobierno de Petro es un incumplimiento contractual por parte de la Nación y una violación de principios fundamentales como la planificación presupuestal y el derecho al desarrollo sostenible. Además, criticó el hecho de que el Gobierno Petro no ha respondido a solicitudes previas para revelar las actas de reuniones relacionadas con el aplazamiento, lo que, según él, refleja falta de transparencia.

El concejal también señaló que esta acción del gobierno parece un intento de bloquear el progreso de la ciudad y aseguró que no hay respuesta por parte de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ni del Ministerio de Hacienda, quienes han desestimado sus peticiones.

Se espera que la justicia tome una decisión sobre este caso en los próximos meses.