El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, subrayó la importancia de mantener la sostenibilidad fiscal del país ante cualquier reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), señalando que una redistribución de recursos a las regiones sin control podría generar un desbalance en las finanzas nacionales. Según Rodríguez, se necesita un equilibrio entre el fortalecimiento financiero de las regiones y la estabilidad fiscal del Gobierno Central, ya que un desequilibrio podría llevar a que la Corte Constitucional declare inconstitucional una reforma en este sentido.
Rodríguez expresó su preocupación ante la posibilidad de que el incremento de transferencias a las regiones implique un déficit que termine financiado con más deuda o impuestos. Para algunos, la solución es que el Gobierno Nacional delegue competencias a los gobiernos locales, disminuyendo así la presión sobre las finanzas centrales. Sin embargo, el contralor alertó sobre los posibles efectos en la calificación crediticia del país y en el cumplimiento de la regla fiscal, factores que requerirían reformas tributarias futuras para cubrir los recursos cedidos a las regiones.
El contralor también destacó la necesidad de asegurar una representación equitativa de todos los departamentos en el Senado, y sugirió la creación de una comisión permanente de asuntos territoriales en el Congreso para un manejo especializado de los temas relacionados con las regiones. Para Rodríguez, una reforma de este tipo necesita, además de una ley de redistribución de recursos, un proceso legislativo que realoque responsabilidades para asegurar que el Gobierno Central pueda continuar cumpliendo con sus obligaciones.
Durante su intervención, Rodríguez enfatizó la necesidad de un debate técnico y no político sobre el tema, señalando que la discusión sobre el SGP no debe convertirse en una cuestión de partidos, sino enfocarse en criterios de política fiscal. También advirtió que cualquier intento de descentralización y autonomía territorial debería estar acompañado de una modernización de la administración pública en todos los niveles, para garantizar una implementación efectiva de los cambios.