Corte Suprema cita a exministros por escándalo de corrupción en contratos del Invías

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar, en calidad de testigos, a seis exministros y varios exfuncionarios de los gobiernos de Gustavo Petro e Iván Duque, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), que involucra a 28 congresistas.

Entre los llamados se encuentran los exministros del actual gobierno: Ricardo Bonilla y Diego Guevara (Hacienda), María Constanza García (Transporte) y Luis Fernando Velasco (Interior). También fueron citados los exministros del gobierno Duque: Alberto Carrasquilla (Hacienda) y José Manuel Restrepo (Comercio), junto a exasesores del Dapre y del Ministerio de Hacienda, como Jaime Ramírez Cobo y Andrea Ramírez, respectivamente. Además, otros ocho funcionarios deberán comparecer ante el alto tribunal.

La investigación se desprende de una compulsa de copias remitida por la Fiscalía, tras las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. En su testimonio, Benavides reveló la existencia de presiones políticas por parte de congresistas para la asignación de contratos a cambio de respaldar proyectos legislativos del Gobierno. Entregó una matriz con los nombres de los legisladores implicados, las obras adjudicadas y detalles de las gestiones realizadas.

En marzo, la Corte Suprema llevó a cabo una inspección en las oficinas del Invías para recopilar documentos y registros que permitan establecer si existieron irregularidades en el proceso contractual. Según fuentes judiciales, el objetivo de los interrogatorios a exministros y asesores es establecer si hubo conocimiento o participación institucional en estas presuntas prácticas.

Las audiencias están previstas para finales de abril y podrían derivar en nuevas imputaciones. El escándalo, que también está relacionado con hechos denunciados en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha encendido las alarmas sobre la posible instrumentalización de los recursos públicos para beneficios políticos, generando preocupación en el Congreso y en la opinión pública.