La crisis energética en Colombia escaló debido a la creciente deuda del sector eléctrico y los retrasos en proyectos de energías renovables. La Contraloría General de la República y la Procuraduría han solicitado al Ministerio de Minas y Energía un informe detallado sobre los pagos de subsidios de energía a los estratos 1, 2 y 3, así como el estado de los proyectos eólicos en La Guajira.
Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la deuda del Gobierno con las empresas del sector asciende a $7,4 billones, de los cuales $2,8 billones corresponden a subsidios pendientes de pago. Esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera de las compañías y la continuidad del servicio eléctrico en el país.
Además, los proyectos eólicos en La Guajira, fundamentales para diversificar la matriz energética, enfrentan retrasos significativos. Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha negado demoras en los trámites de licencias, empresas como Celsia han manifestado dificultades relacionadas con consultas previas y modificaciones de licencias ambientales.
Ante este panorama, expertos y gremios del sector energético instan al Gobierno a implementar políticas responsables que garanticen el equilibrio entre oferta y demanda, incentiven la inversión en generación de energía y aseguren el pago oportuno de los subsidios. De no tomarse medidas urgentes, el país podría enfrentar racionamientos eléctricos en el corto plazo.