Deuda por servicios de salud pone en riesgo financiero a hospitales

Colombia viernes 06 de diciembre de 2024 - 12:37

El Centro de Pensamiento "Así Vamos en Salud", a través de su Observatorio Financiero, presentó un reciente informe sobre el estado financiero de los hospitales públicos (IPS) en el país. Este estudio surge en medio de crecientes denuncias sobre los recursos destinados a infraestructura hospitalaria, los cuales no han sido canalizados hacia el aseguramiento en salud, poniendo en peligro a los 51 millones de ciudadanos que dependen del sistema.

El informe destaca una reducción en el número de IPS calificadas como de alto riesgo financiero. Sin embargo, advierte sobre el aumento de instituciones que han ingresado a programas de saneamiento fiscal, un reto importante para el sector.

Las cifras son alarmantes: la deuda total por servicios de salud ascendió a 12,4 billones de pesos en 2023, lo que representa un aumento del 47,4 % frente a 2018. Este crecimiento, según expertos, evidencia la urgente necesidad de implementar estrategias financieras para garantizar la sostenibilidad de las IPS.

El informe también revela que las Empresas Sociales del Estado (ESE) bajo programas de saneamiento fiscal y financiero pasaron de 106 en 2019 a 281 en 2024, un incremento del 165 %. Estas instituciones representan el 30,5 % del total de ESE. Aunque las entidades de primer nivel constituyen el 73,3 % de estas empresas, las de tercer nivel concentran el 40,9 % de la deuda total, equivalente a 5 billones de pesos.

Adicionalmente, los ingresos reconocidos de las IPS públicas en 2023 alcanzaron los 25,7 billones de pesos, pero solo el 72,5 % de ese monto fue efectivamente recaudado, lo que refleja problemas significativos en el flujo de caja.

En paralelo, una investigación reciente reveló que, a pesar de la inversión de 1 billón de pesos para construir 44 hospitales, la mayoría de los proyectos tienen un avance del 0 %. De los 44 hospitales, solo cinco muestran una ejecución del 99 %, mientras que el resto oscila entre el 12 % y el 0 %.

Durante un debate de control político liderado por la senadora Norma Hurtado, se cuestionó el uso de estos recursos y se pidió que se transfirieran al aseguramiento en salud, que enfrenta un déficit de 2,5 billones de pesos. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, rechazó esta propuesta, argumentando que los fondos destinados a infraestructura hospitalaria estaban "bien financiados".

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también desestimó la solicitud de transferir estos recursos al sistema de aseguramiento, señalando que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ya había sido incrementado en un 12 %, aunque expertos consideran que el aumento necesario para cubrir el déficit debía ser de al menos un 16 %.

A pesar de estas dificultades, los gastos comprometidos en el sistema de salud aumentaron un 20,1 % entre 2022 y 2023, alcanzando los 23,8 billones de pesos. Según el informe, el 62,8 % de las ESE no presentan riesgo financiero o están en niveles de riesgo bajo o medio, mientras que el 37,2 % restante enfrenta condiciones críticas, con alto riesgo, incumplimientos o bajo acuerdos de saneamiento fiscal y financiero.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, cuestionó la decisión del gobierno, señalando que los 2,5 billones de pesos aprobados inicialmente para aseguramiento fueron redirigidos a otros usos, lo cual quedó registrado en las actas de la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas.

Mientras tanto, un informe de la Contraloría General denunció el presunto manejo irregular de recursos de la UPC por parte de algunas EPS, que habrían usado esos fondos para cubrir deudas anteriores a 2020, lo que agrava aún más la crisis del sector.