El expresidente Uribe será llevado ante tribunales en Colombia por manipulación de testigos

Global martes 09 de abril de 2024 - 19:12

AFP

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), uno de los políticos más influyentes del país, será llevado a juicio penal por presunta manipulación de testigos en un caso que investiga su participación en grupos paramilitares.

"Con base en las pruebas (...), un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia fundamentó el texto de la acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto autor intelectual de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal", informó el Ministerio Público. El Ministerio Público informó en nota, sin detallar cuándo comenzará el juicio, el primero contra un expresidente en el país.

Uribe, de 71 años, que siempre ha sostenido su inocencia, podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión en un caso que inició y que se volvió en su contra.

Todo comenzó en 2012, cuando el entonces senador Uribe presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, a quien acusó de un presunto complot producido con falsos testigos para asociarlo con grupos paramilitares de extrema derecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos. en su guerra clandestina contra las guerrillas de izquierda.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de juzgar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechaba que fue Uribe, y no su oponente, quien intentó manipular a los testigos.

Los magistrados fueron más allá y, en agosto de 2020, ordenaron el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaban en su investigación.

Uribe luego renunció al Senado y su caso pasó a la justicia común, que suspendió la orden de detención en su contra y reinició todo el proceso.

Cepeda recibió el llamado a juicio "con mucha serenidad, pero también satisfacción", dijo a la televisión estatal RTVC.

"Ha sido más de una década, prácticamente 12 años, de lucha ante los tribunales de justicia (...) Después de tantos intentos de cerrar este caso, finalmente aparece la voz de la justicia", añadió el senador.

El expresidente, muy popular por la política dura con la que su gobierno debilitó a la guerrilla, no reaccionó a su llamado a la justicia, decisión que anticipaba desde octubre de 2023.

En su momento denunció “vicios” en el proceso en su contra.

- "Inocente" -

"El presidente Uribe es inocente, lo único que hizo fue intentar defenderse de la búsqueda de testimonios manipulados en su contra", dijo este martes la senadora Paloma Valencia, del derechista partido Centro Democrático, fundado por Uribe.

Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente en el caso, también enfrenta un juicio bajo sospecha de ofrecer dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra Uribe.

La Fiscalía General ha solicitado en varias ocasiones al tribunal que desestime este caso, petición que varios jueces han rechazado porque consideran que hay pruebas suficientes para llevar a Uribe a juicio.

"Esta determinación tomó en cuenta nuevos elementos probatorios, como las declaraciones de (...) Juan Guillermo Monsalve", un exparamilitar que afirma haber recibido mensajes de Cadena y otros emisarios de Uribe pidiendo un cambio en su testimonio, informó la fiscalía.

La entidad investigadora cambió recientemente de rumbo. La abogada Luz Camargo se hizo cargo de la organización hace unas semanas. El jurista fue elegido por la Corte Suprema entre tres nombres propuestos por el presidente de izquierda Gustavo Petro, enemigo histórico de Uribe.

- Varias acusaciones -

Uribe tiene varios casos abiertos en los tribunales.

En noviembre del año pasado declaró ante el Ministerio Público en una investigación previa por su presunto conocimiento previo de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos.

La investigación surgió a partir del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado de Colombia a Estados Unidos en 2008, durante el gobierno de Uribe.

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como "falsos positivos". La justicia argentina aún no se ha pronunciado sobre el caso.

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