Autoridades nacionales, regionales y locales deben garantizar el cumplimiento de compromisos judiciales para la restauración ambiental del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, según lo dispuesto en la Sentencia del Consejo de Estado.
Se solicitó priorizar la actualización del Plan de Seguridad para las islas, reforzar la presencia policial en Isla Grande y coordinar propuestas con el Consejo Comunitario de Orika para la administración de predios. Estas acciones se acordaron en el Comité de Vigilancia realizado el 27 de septiembre de 2024, cuya implementación sigue pendiente.
La Procuraduría General de la Nación instó a la Alcaldía de Cartagena, Parques Nacionales Naturales y otras entidades a remitir informes sobre el avance de las tareas. El incumplimiento podría comprometer la presentación del informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, obstaculizando procesos judiciales y administrativos clave para la protección ambiental.
Con Información por Notipress
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