El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció un balance sobre su primer año de gobierno y abordó los desafíos en materia de seguridad en el departamento, destacando la influencia de la "Política de Paz Total" del gobierno nacional en la situación de orden público.
Durante una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Rendón calificó su primer año como “muy bonito y desafiante”, pero señaló que la seguridad ha sido uno de los principales retos. Aseguró que, debido a la implementación de la política de paz total, se ha producido un recrudecimiento de las actividades ilegales. “Hemos visto recrudecerse acciones propias de orden público y desafíos de grupos armados ilegales a la seguridad pública. Estos grupos han vuelto a confinarnos, secuestrar y desplazar personas”, indicó el mandatario.
Rendón agregó que en Antioquia la seguridad es un "valor democrático" y subrayó que la paz con justicia y oportunidades sociales debe ser la meta. Sin embargo, criticó que la política nacional ha "amarrado las manos" de la fuerza pública. Según él, los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central, que están en un proceso de cese al fuego, han aprovechado esa situación para dificultar las operaciones de la fuerza pública, al cambiar sus brazaletes y evadir las acciones de seguridad.
El gobernador también hizo énfasis en el aumento de cultivos ilícitos y la extorsión a la minería en ciertas áreas del departamento. “Este año hemos denunciado 26 violaciones al cese al fuego, y 28 uniformados han perdido la vida en confrontaciones relacionadas con estos grupos criminales”, dijo. No obstante, destacó que no se han quedado de brazos cruzados y han trabajado de cerca con los soldados y policías para enfrentar la situación.
Rendón manifestó que siente un abandono por parte del Gobierno nacional hacia las fuerzas de seguridad en Antioquia y, por ello, ha impulsado iniciativas como la tasa de seguridad, a pesar de las dificultades que esto representa. Además, resaltó el esfuerzo de su administración para dotar a la fuerza pública con las herramientas necesarias para garantizar la movilidad y operatividad en las zonas de conflicto, así como para abordar los problemas de seguridad ciudadana.