Ocho cuerpos fueron hallados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare, hecho que encendió alertas sobre la situación humanitaria y de seguridad en esta región del sur de Colombia. Las autoridades locales y nacionales fueron convocadas a tomar medidas urgentes ante lo que calificaron como una grave violación de derechos humanos.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a adoptar acciones inmediatas de protección a la población civil, en especial a líderes sociales y comunitarios. También solicitó activar rutas de prevención para evitar nuevos hechos de violencia en el territorio.
El hallazgo motivó un llamado a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y organizaciones regionales para articular respuestas que garanticen la asistencia humanitaria y la seguridad de los habitantes de Calamar. Según el Ministerio Público, este tipo de actos buscan imponer miedo y consolidar control territorial por parte de grupos armados ilegales.
Por su parte, el ente de control pidió que se inicien investigaciones judiciales que permitan identificar a los responsables y avanzar en procesos de judicialización conforme al Derecho Internacional Humanitario.