Un proceso de verificación analiza si la política pública de víctimas con enfoque étnico se está aplicando conforme al Decreto ley 4633 de 2011. La medida apunta a garantizar que las comunidades indígenas accedan a procesos de reparación colectiva con participación inclusiva, equitativa y sin retrocesos.
La Procuraduría General de la Nación requirió informes al Departamento Nacional de Planeación y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), a fin de revisar avances concretos. Entre los datos solicitados figuran el número de comunidades beneficiadas, recursos invertidos y espacios de consulta abiertos.
Además, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió detallar cuántos servidores públicos han sido capacitados para atender adecuadamente a estas comunidades. Esta información permite verificar si las instituciones cumplen con los principios de permanencia y equidad en su actuación.
La revisión técnica tiene carácter preventivo y busca asegurar que la política pública para víctimas indígenas se implemente de forma articulada, continua y conforme a los derechos reconocidos en la normativa vigente, explicó un comunicado con acceso para NotiPress.