La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma a la salud, lo que ha sido celebrado por el gobierno de Gustavo Petro como un importante logro político. Sin embargo, la reforma ha generado fuertes críticas de diversos sectores, que alertan sobre los posibles riesgos que podría acarrear si se mantiene tal cual en las discusiones del Senado.
Una de las críticas más fuertes vino de la activista Sofy Casas, quien en redes sociales destacó los 82 congresistas que votaron a favor de otorgar "súperpoderes" a la ADRES, dejándola como la entidad única encargada de recibir y distribuir el dinero a las EPS que considere. Casas advierte que esta medida podría abrir la puerta para que los recursos de la salud se desvíen hacia los allegados de los políticos. En su trino, publicó las fotos de los congresistas que apoyaron la reforma.
Esta publicación fue rápidamente respondida por el presidente Petro, quien calificó de "mentira" la acusación, aclarando que el paciente, y no el gerente de una EPS, es quien selecciona al médico y la IPS. Además, Petro insistió en que el sistema no debe funcionar de manera que los pacientes sean dirigidos a las clínicas de los propietarios de las EPS, incluso si ello implica utilizar recursos públicos de manera inapropiada.
Ante esto, Sofy Casas respondió señalando que la transferencia de funciones a la ADRES podría poner en peligro la atención sanitaria de los colombianos. Argumentó que la entidad carece de la capacidad administrativa, tecnológica y operativa para manejar de manera eficiente la gestión de los recursos y la contratación de servicios de salud. Casas expresó su preocupación por posibles interrupciones en la atención médica, demoras en los pagos a hospitales y clínicas, así como problemas con la gestión de medicamentos y tratamientos.
Casas también señaló que los problemas actuales de escasez de medicamentos y la falta de recursos para varias clínicas ya están afectando a los pacientes. "Los muertos que haya de ahora en adelante serán su responsabilidad por improvisar", afirmó. Además, cuestionó la justificación del presidente Petro de que la reforma busca "mayor transparencia y control sobre los recursos públicos", argumentando que, al eliminar las EPS, el dinero podría terminar en manos de gobernadores y alcaldes, lo cual consideró un foco de corrupción, con el riesgo de que los recursos de la salud lleguen a los amigos de los políticos.