En Colombia, los contratos de prestación de servicios (OPS) han sido objeto de debate debido a la falta de beneficios laborales que ofrecen en comparación con los contratos formales. Recientemente, colectivos como Incidir para Existir y Colombia Resuena, con el respaldo de organizaciones como Movilizatorio y El Avispero, han presentado una iniciativa legislativa que propone una bonificación equivalente al 25% de los ingresos anuales para quienes laboran bajo esta modalidad.
El objetivo principal de esta propuesta es brindar un alivio económico a miles de trabajadores, especialmente jóvenes, que recurren a los contratos OPS debido a la limitada oferta de empleos formales en el mercado laboral actual. Al tratarse de acuerdos civiles y no laborales, estos trabajadores no gozan de derechos como prestaciones sociales, estabilidad laboral o acceso completo a la seguridad social.
Eliana González, directora de la Fundación Mamacitas en Bici y promotora del proyecto, destacó la importancia de esta iniciativa: "La prima del 25% sería un respaldo significativo para quienes deben conciliar sus responsabilidades laborales y familiares sin contar con los beneficios de un contrato formal".
Los contratos de prestación de servicios han sido criticados por su carácter precario. En muchos casos, las empresas exigen a los contratistas horarios fijos y responsabilidades similares a las de un empleado de planta, sin brindar los mismos derechos laborales. El abogado y activista de derechos humanos, Cristian Sinisterra, explicó que la bonificación del 25% busca reducir esa brecha: "Este reconocimiento económico no solo dignifica el trabajo de miles de jóvenes, sino que también promueve mayor equidad en el acceso a derechos laborales".
Según lo planteado, el beneficio aplicaría para quienes acumulen un año de trabajo continuo o intermitente en una misma empresa. La prima sería equivalente al 25% del salario anual del contratista y se pagaría en dos momentos: a mitad de año y al finalizar el periodo anual. "Si bien el trabajador podría firmar contratos por periodos cortos, como tres o seis meses, esos tiempos se sumarían para completar el año requerido", detalló Sinisterra.
El proyecto cuenta con el apoyo de las congresistas Katherine Juvinao y Angélica Lozano, quienes esperan impulsar su discusión en el Congreso de la República. "La idea es establecer una política pública que dignifique el trabajo por OPS y cierre las brechas que afectan a quienes acceden a este tipo de contratación", afirmó González.
De aprobarse, la medida representaría un cambio significativo para quienes desempeñan sus funciones en estas condiciones, otorgándoles un beneficio económico que hasta ahora solo reciben quienes tienen contratos laborales tradicionales.