El 8 de octubre, un grupo de gremios del sector eléctrico, incluyendo Asocodis, Andesco, Acolgen, Andeg, Naturgas y SER Colombia, lanzó una alerta sobre la delicada situación financiera que enfrenta el sector en el país. En un comunicado intergremial, señalaron que las empresas del ramo acumulan saldos a favor que superan los 7 billones de pesos, lo que podría llevar a un "apagón financiero" si no se establecen regulaciones adecuadas para los pagos a las compañías comercializadoras de energía.
Hasta el 30 de septiembre, el Gobierno adeuda a las empresas de energía eléctrica y gas natural cerca de 2,5 billones de pesos por subsidios mensuales otorgados a usuarios de estratos 1, 2 y 3. “Esto se suma a los saldos de la opción tarifaria (cerca de 4 billones) y a las deudas de usuarios oficiales. Es decir, el monto total adeudado es cercano a 7 billones, que podría incrementarse. Además, hay un déficit en la apropiación de recursos para subsidios correspondientes a 2025, cercano a 3 billones”, explicaron los gremios.
El impacto de esta situación no solo afecta a los comercializadores, quienes deben cumplir con sus pagos a otros actores de la cadena de suministro, sino que también representa un riesgo sistémico. “Esto podría manifestarse no solo en un apagón financiero, sino también físico”, advirtieron. En particular, señalaron que el incumplimiento de los subsidios podría resultar en aumentos del 150% en las facturas para los usuarios de estrato 1.
Los gremios también mencionaron que la toma de posesión de la empresa Air-e había congelado deudas anteriores y generado atrasos en el pago de obligaciones actuales que superan los 500.000 millones de pesos. Se establecieron medidas que ponen en riesgo la prestación del servicio, incluyendo la posibilidad de no pago de obligaciones del mercado hasta finales de año. Ante esta situación, los gremios solicitaron que se aseguren los compromisos de pago a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios y que se evalúen las repercusiones de cada medida antes de su anuncio o emisión.
En respuesta a estas inquietudes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la crisis energética denunciada por los gremios es inexistente, citando la capacidad de los embalses para generar energía y el soporte de las centrales térmicas. Sin embargo, el ministro explicó que los recursos para los subsidios aún no se habían girado debido a una “restricción de caja”. “Las compañías comercializadoras ya deberían haber formalizado su solicitud de reembolso por los 2,5 billones entregados a los usuarios”, agregó.
Bonilla hizo hincapié en que “el Ministerio de Minas y Energía debe estar tramitando en caja esa bolsa”, sugiriendo que estos pagos suelen hacerse de manera acumulada. En este contexto, subrayó la importancia de revisar el progreso en el proceso de financiación. En cuanto a las deudas relacionadas con la opción tarifaria, que ascienden a 4 billones de pesos, el ministro indicó que están contempladas en la nueva reforma tributaria. “La deuda está incluida en la ley de financiamiento para que el Congreso avale que el Estado pueda asumir esas deudas”, concluyó Bonilla, mostrando una postura de calma frente a las preocupaciones del sector sobre posibles déficits en los flujos financieros.