Aunque el paro armado en Caquetá concluyó, al menos 2.956 personas continúan confinadas en la zona baja del municipio de Solano debido a la presencia de grupos armados y el riesgo de nuevos enfrentamientos.
Las autoridades locales expresaron su preocupación por la situación humanitaria en la región. "Estamos trabajando para garantizar la seguridad y el retorno a la normalidad de las comunidades afectadas", señaló el gobernador de Caquetá, Luis Rodríguez.
Organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención del Gobierno Nacional para asegurar la protección de los habitantes y facilitar la entrega de ayuda humanitaria.
La Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas confinadas y coordinar acciones con las autoridades competentes.
Se han reportado dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y otros insumos básicos en las zonas afectadas, lo que agrava la situación de las comunidades.
Las autoridades hacen un llamado a los grupos armados para que cesen las hostilidades y permitan el libre tránsito y la asistencia a las poblaciones vulnerables.