Este miércoles, la Asamblea de Antioquia aprobó, con 14 votos a favor y 10 en contra, la implementación de una nueva tasa de seguridad que se cobrará mediante los servicios públicos en el departamento. La medida, propuesta por el gobernador Andrés Julián Rendón, se implementará a partir de 2025 y afectará a los estratos 4, 5 y 6, así como a los usuarios industriales y comerciales. Con ella, la Gobernación espera recaudar aproximadamente $1,1 billones entre 2025 y 2027 para fortalecer la seguridad en el departamento.
La aprobación de la tasa se produjo tras una sesión cargada de tensiones entre el sector privado, los diputados y el gobierno seccional. Esta iniciativa había sido rechazada en julio pasado, cuando el movimiento Creemos presentó una ponencia negativa. Sin embargo, el gobernador logró obtener luz verde para la medida, que ha sido calificada como crucial para mejorar las condiciones de seguridad en la región.
El impacto de la medida podría extenderse a los ciudadanos de estratos más altos y a los sectores industriales, quienes serán responsables de aportar una cuota significativa a las finanzas del departamento. La creación de esta tasa se considera una solución para la creciente preocupación por la seguridad y las finanzas en Antioquia.