La reciente decisión de la Corte Constitucional generó un intenso debate jurídico y social, luego de que se liberara a una mujer condenada por homicidio tras matar a su jefe en un acto de defensa personal. La mujer, quien había denunciado a su jefe por acoso sexuale y violencia psicológica, fue inicialmente condenada a 28 años de prisión por homicidio agravado. Sin embargo, la Corte consideró que su caso había sido mal juzgado, resaltando que no se habían tomado en cuenta adecuadamente las pruebas de violencia sufrida por la víctima y los estereotipos de género que influyeron en la sentencia.
La mujer, madre de tres hijos, había denunciado previamente que su jefe la acosó sexualmente, la presionó psicológicamente y la amenazó con un cuchillo para intentar abusar de ella. En el momento del ataque, la mujer, en un intento por defenderse, tomó un arma blanca y mató a su agresor. La Corte Constitucional criticó que el tribunal inferior había desestimado su testimonio, basándose en estereotipos de género que cuestionaban su capacidad para defenderse, argumentando que "no podía haber levantado el arma con una sola mano por ser mujer".
Además, la Corte destacó que el contexto de violencia sexual y psicológica debió ser considerado como parte integral de la defensa personal de la mujer. Reafirmó que los factores emocionales como la ira y el dolor intenso, provocados por las agresiones sufridas, deben ser valorados como atenuantes en la determinación de la culpabilidad
Como resultado, el tribunal ordenó la liberación inmediata de la mujer, subrayando la importancia de un proceso judicial que considere el enfoque de género y proteja los derechos de las víctimas sin revictimizarlas.