La Corte Suprema de Justicia ha citado al presidente Gustavo Petro para rendir declaración juramentada en el marco de la investigación por un escándalo de sobornos que involucra a altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta decisión, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, también incluye a otros funcionarios como el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
El caso se centra en la supuesta malversación de más de 46.800 millones de pesos destinados a la compra de equipos de emergencia y en la utilización de fondos para sobornos que habrían buscado garantizar apoyo político en el Congreso para reformas clave impulsadas por el Gobierno. Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, parte de estos recursos podrían haber beneficiado a grupos armados ilegales como el ELN, lo que agrava la situación.
La Corte Suprema ordenó la inspección de oficinas gubernamentales relacionadas con las reformas legislativas y anunció que este tipo de investigaciones buscan determinar responsabilidades en un entramado que incluye desde contratistas hasta actores políticos de alto nivel. Además, el tribunal expresó su preocupación por la reciente filtración de información reservada del caso, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales para quienes hayan cometido esta infracción.
El llamado a Petro, aunque en calidad de testigo, marca un hito en el contexto político colombiano, dada la magnitud de las acusaciones que involucran a figuras cercanas al actual Gobierno. Las declaraciones están programadas para los próximos días y serán clave para esclarecer los hechos y avanzar en la lucha contra la corrupción en el país.