Crisis financiera amenaza a las universidades públicas de Colombia: faltan 19 billones de pesos para su funcionamiento adecuado

Las 34 universidades públicas de Colombia iniciaron 2025 enfrentando un grave déficit de 19 billones de pesos, lo que pone en peligro su estabilidad financiera. A pesar de los esfuerzos para diversificar sus fuentes de financiación, algunas instituciones están al borde de la quiebra debido a un sistema de asignación de recursos desactualizado, que no refleja el crecimiento real del sector. Esta crisis, que amenaza la calidad de la educación superior en el país, requiere una solución urgente por parte del Gobierno y el Congreso de la República.

El origen de esta crisis se remonta a la Ley 30 de 1992, que estableció que los aportes del Estado a las universidades deben calcularse anualmente con base en el índice de precios al consumidor (IPC). Sin embargo, el aumento de la población estudiantil y la expansión de programas académicos no han sido contemplados en este modelo, lo que ha generado un desajuste financiero. Según Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, el sistema actual no refleja el crecimiento de las universidades, que pasó de 150.000 a 685.000 estudiantes en los últimos 30 años.

Este sistema llevó a una disminución en el porcentaje de ingresos que las universidades reciben del Estado. En 1993, el 74% de los ingresos de las universidades provenían del gobierno, pero para 2023 esa cifra había caído al 50%. Además, el aporte anual del Estado por estudiante ha disminuido significativamente: de 13.220.738 pesos en 1993 a solo 8.177.815 pesos en 2023.

Las universidades públicas han tenido que buscar nuevas fuentes de financiación ante la falta de recursos, lo que incluye servicios de formación, consultorías y la emisión de estampillas territoriales. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para cubrir las crecientes necesidades del sector, que ha experimentado un aumento en la infraestructura, el número de docentes y la oferta académica. En 2003, las universidades mantenían 2.178.000 metros cuadrados de infraestructura; hoy en día, esa cifra asciende a 4.500.022 metros cuadrados. Además, el número de docentes ha aumentado de 22.988 en 2004 a 40.371 en 2022.

La Universidad de Antioquia, por ejemplo, enfrenta un faltante de 340.000 millones de pesos, lo que ha comprometido su capacidad para cumplir con sus objetivos. Otras instituciones, como la Universidad Industrial de Santander (UIS), también han tenido que recurrir a préstamos internos para cubrir sus necesidades básicas.

El Sistema Universitario Estatal (SUE) propuso una reforma que modifica dos artículos de la Ley 30 para ajustar los aportes del Estado según el índice de costos de la educación superior (Ices), una fórmula que tendría en cuenta los costos reales de las universidades, incluidos salarios y gastos operativos. Esta reforma busca que el gobierno dedique más del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la financiación de la educación superior, tal como lo hacen países de la OCDE.

El Ministerio de Educación ha expresado su compromiso con la reforma, que será discutida en el primer semestre de 2025, y ha señalado que cuenta con el respaldo de 70 congresistas de diferentes sectores. Sin embargo, el debate sobre cómo financiar esta reforma continúa siendo un tema de discusión, con algunas voces, como la del senador Esteban Quintero Cardona, alertando sobre el impacto fiscal de la propuesta.

Mientras tanto, las universidades públicas enfrentan una carrera contra el tiempo para evitar una crisis total. Si el Congreso no aprueba la reforma, muchas instituciones podrían verse incapaces de seguir operando con normalidad, lo que pondría en riesgo la formación de miles de estudiantes en Colombia.