El Estado colombiano asume por primera vez su responsabilidad en la muerte de Carlos Pizarro, líder del M-19

Por primera vez, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, exlíder del M-19 y candidato presidencial por la fuerza política resultante de la desmovilización de ese grupo guerrillero, al cual perteneció el actual presidente Gustavo Petro.

"Esta es una importante noticia para el país", expresó la senadora María José Pizarro, hija de la víctima, a través de X este martes. Ella asistió el lunes a la audiencia sobre el caso celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

Durante la audiencia, César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), reconoció ante la CIDH que "está probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro Leongómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado, particularmente miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), responsables de su seguridad".

Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990, cuando un sicario, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias "Jerry", le disparó mientras viajaba a bordo de un avión de Bogotá a Barranquilla. El atacante fue abatido por los escoltas de Pizarro.

Además de asumir su responsabilidad en el crimen, el Estado reconoció la falta de garantías jurídicas en el proceso judicial. Según Palomino Cortés, las demoras en la investigación afectaron "el derecho a la verdad" de los familiares de Pizarro.

El Gobierno colombiano expresó su esperanza de que este reconocimiento permita avanzar en acuerdos con los familiares de Pizarro para garantizar su reparación integral y restaurar la confianza en las instituciones.

María José Pizarro, en su intervención, mostró su satisfacción por el reconocimiento oficial, que llega tras "34 años de lucha contra la impunidad".

El Estado admitió su responsabilidad "por las violaciones a los derechos humanos sufridas por las hijas, hijo y demás familiares de Carlos Pizarro; así como por el derecho a la identidad y protección durante el conflicto armado, y el derecho a la paz y la democracia en Colombia", subrayó la senadora, quien forma parte del Pacto Histórico, la coalición gobernante encabezada por Gustavo Petro.

Laura García, expareja de Carlos Pizarro, también participó en la audiencia y solicitó "una reparación en todos los sentidos" para las familias de los políticos de izquierda asesinados extrajudicialmente en el país.

Por su parte, Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), destacó que el último deseo de Pizarro, como firmante del acuerdo entre el Gobierno y el M-19, era lograr la paz en Colombia. "Dado el contexto colombiano, solicitamos a la CIDH que considere los efectos del homicidio de Pizarro en una sociedad que lleva décadas intentando generar confianza para alcanzar una paz estable y duradera para las generaciones presentes y futuras", señaló.

El M-19 fue responsable en 1985 de la Toma del Palacio de Justicia de Bogotá, donde se mantuvo a cerca de 350 personas como rehenes, lo que desencadenó una operación militar para recuperar el edificio. Más de cien personas murieron y decenas más desaparecieron durante las 28 horas que duró el enfrentamiento.

La CIDH celebra en Washington su 191º período ordinario de sesiones, que también incluye audiencias sobre casos de El Salvador, Venezuela y Nicaragua, entre otros.