El creciente poder político y económico de las organizaciones religiosas en Colombia

La Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior ha adquirido un papel central en la lucha de poder entre políticos y líderes religiosos. Un convenio que facilita la contratación de ciertas organizaciones religiosas con el sector público ha incrementado significativamente su influencia, tanto en el ámbito político como en el sector privado. Este vínculo ha generado una serie de disputas, con organizaciones religiosas ampliando su presencia en diversos sectores, mientras que políticos y funcionarios del gobierno se posicionan respecto a su creciente poder.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el año 2023 las iglesias y organizaciones religiosas en Colombia acumulan un patrimonio líquido que supera los 19 billones de pesos. Este monto subraya el poder económico que estas entidades han logrado en los últimos años, consolidando su influencia no solo en el ámbito espiritual, sino también en las esferas económica y política.

Este panorama ha generado tanto apoyo como oposición dentro del país, ya que la relación entre el sector público y las organizaciones religiosas plantea interrogantes sobre la separación de los poderes y la libertad de culto. A medida que las organizaciones religiosas continúan aumentando su poderío económico, también se intensifica la discusión sobre su impacto en las decisiones políticas del país.