Emilio Tapia podría cumplir una pena de 6 años y devolverá $5 mil millones por el caso de Centros Poblados

Colombia viernes 22 de noviembre de 2024 - 12:08

El nombre de Emilio Tapia ha estado asociado a algunos de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia en los últimos años. Aunque ha enfrentado a la justicia durante un largo tiempo por diversos actos corruptos, sigue siendo mencionado en investigaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos.

Después de su vinculación al escandaloso “carrusel de la contratación” en Bogotá, Tapia volvió a ser noticia con el escándalo de Centros Poblados. Este caso implicó un contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el que se perdió un anticipo superior a los 70.000 millones de pesos.

Tras años de investigación, la Fiscalía y Tapia llegaron a un preacuerdo en el que el contratista acepta su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. Como parte de este acuerdo, Tapia se comprometió a devolver 5.000 millones de pesos, de los cuales ya ha entregado la mitad.

“Los otros 2.500 millones se reintegrarán mediante la entrega de bienes ubicados en Girardot, Cundinamarca, y en la zona rural de Medellín”, explicó Tapia durante una audiencia celebrada este jueves 21 de noviembre.

Según los términos del preacuerdo, Tapia cumplirá una condena de seis años de prisión y se convertirá en testigo clave contra otros involucrados en la red de corrupción, desempeñando un papel fundamental en la resolución del caso.

“Sí, señor juez, me considero responsable, teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, entendiendo que los delitos se cometen tanto por acción como por omisión”, declaró Tapia cuando fue interrogado.

Este preacuerdo representa un avance importante en la investigación sobre el millonario desfalco al Estado, causado por irregularidades en la adjudicación de contratos para llevar conectividad digital a las zonas rurales del país. El próximo 18 de diciembre, un juez de conocimiento decidirá si aprueba el acuerdo en una audiencia programada para esa fecha.