Durante esta semana, Francisco Cali Tzay, relator de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, ha hecho eco de un panorama desolador en Colombia, donde muchos niños indígenas se ven obligados a recurrir al suicidio como una trágica vía de escape ante el riesgo del reclutamiento forzado por parte de grupos armados irregulares.
El relator, tras visitar varias regiones del país, ha recopilado testimonios alarmantes que revelan la persistente práctica del reclutamiento forzado de niños por estructuras armadas al margen de la ley. Estas acciones ocurren en zonas remotas donde el Estado está ausente y la pobreza es endémica.
Cali Tzay expresó en una conferencia de prensa en la capital del país: “Ocurre a menudo que las comunidades se dan cuenta de esta maniobra y rechazan a los niños, quienes terminan en la indigencia o en la prostitución”. Además, destacó que, en desesperación, algunos niños y adolescentes optan por el suicidio para evitar el horror del reclutamiento, con consecuencias devastadoras para el tejido social de estas comunidades, ya de por sí vulnerables y marginadas.
Este triste panorama se ha visto reflejado en un reciente enfrentamiento en el departamento del Cauca, donde indígenas se enfrentaron con estructuras pertenecientes a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que intentaran reclutar a un niño indígena. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) informó que, si bien lograron rescatar al menor, dos indígenas resultaron gravemente heridos por disparos de fusil.
Ante este incidente, el presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente la violación del acuerdo de cese al fuego por parte del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, poniendo en jaque la vigencia del alto al fuego bilateral pactado en los diálogos de paz entre el gobierno y las disidencias.
La infancia indígena en Colombia enfrenta un desafío alarmante, donde la violencia y el reclutamiento forzado amenazan su futuro y el tejido social de sus comunidades, resaltando la urgencia de acciones inmediatas para proteger sus derechos y garantizar un futuro digno para las generaciones venideras.