El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, oficializó el nombramiento de María Elena Ortiz como nueva secretaria de Minas del departamento el pasado 4 de enero, en un acto público celebrado en el municipio de Socha. La decisión generó reacciones divididas, ya que Ortiz es hermana de Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las regiones, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El anuncio fue compartido por Amaya, miembro de la Alianza Verde, en sus redes sociales. “Desde mi querida tierra, Socha, le damos la bienvenida a María Ortiz, oriunda de la provincia de Valderrama, quien hoy asume como secretaria de Minas de Boyacá”, publicó el mandatario, destacando la trayectoria y el compromiso de la nueva funcionaria con el desarrollo del sector minero en la región.
María Elena Ortiz, quien ha ocupado cargos relacionados con el desarrollo regional y el sector minero, llega a una secretaría estratégica para Boyacá, un departamento con amplia actividad extractiva. Sin embargo, su designación ocurre en un contexto político delicado debido a la situación judicial de su hermana Sandra Ortiz, implicada en presuntas irregularidades en la UNGRD.
El gobernador Amaya defendió la elección de Ortiz, afirmando que se trata de una decisión basada en su experiencia profesional y no en vínculos familiares. No obstante, sectores de la oposición han cuestionado el nombramiento, sugiriendo que podría generar conflictos de interés o afectar la percepción de transparencia en la administración departamental.
Boyacá, un territorio clave en la minería de carbón y esmeraldas, enfrenta retos significativos relacionados con la sostenibilidad ambiental y la formalización de la actividad minera. En este contexto, la nueva secretaria de Minas será responsable de liderar estrategias que equilibren el desarrollo económico con la protección de los recursos naturales y las comunidades locales.
La llegada de María Elena Ortiz a la Secretaría de Minas marca el inicio de una etapa que promete debates sobre gobernanza y gestión minera en Boyacá, mientras el gobierno departamental trabaja por fortalecer su compromiso con la transparencia y el desarrollo sostenible.