Martín Vizcarra cita el caso de Gustavo Petro ante el TC para impugnar su inhabilitación

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar su inhabilitación, argumentando que la medida vulnera sus derechos políticos. En su defensa, Vizcarra hizo referencia al caso del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en 2021 llevó su situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que se le habían vulnerado sus derechos políticos al impedirle ejercer su cargo.

Durante su audiencia, Vizcarra citó el caso Petro vs. Colombia, señalando que, según lo indicado por la CIDH, no se puede inhabilitar a una autoridad electa democráticamente sin que exista un proceso judicial en su contra que lo impida. "Conforme lo ha manifestado la CIDH en el caso Petro vs. Colombia, no se puede inhabilitar a una autoridad electa democráticamente si no ha enfrentado un proceso judicial que lo impida", declaró Vizcarra ante los miembros del TC.

El expresidente también enfatizó que al impedirle ejercer como congresista, no solo se afectan sus derechos, sino también los de los ciudadanos que lo eligieron. "He sido inhabilitado sin contar con una sentencia del Poder Judicial y sin que se respeten mis derechos políticos. Se ha vulnerado mi derecho a ser elegido y los derechos de más de 200,000 ciudadanos que me eligieron como su representante", añadió.

El caso de Gustavo Petro está relacionado con su destitución y la imposición de una inhabilitación de 15 años para ocupar cargos públicos, como consecuencia de su gestión como alcalde de Bogotá en 2013. Petro argumentó que la sanción fue una represalia política, lo que le impidió ejercer sus derechos políticos, y presentó el caso ante la CIDH después de agotar los recursos internos. En 2020, la CIDH falló a su favor, reconociendo que la sanción administrativa sin el debido proceso judicial violaba sus derechos, y ordenó al Estado colombiano adaptar su legislación para proteger los derechos políticos.

Vizcarra, por su parte, se encuentra inhabilitado debido a diversos procesos judiciales, incluido el escándalo "Vacunagate", en el cual se descubrió que se vacunó de manera irregular contra el COVID-19. Además, enfrenta acusaciones de corrupción relacionadas con su periodo como gobernador de Moquegua. El Congreso de la República de Perú ratificó la inhabilitación por un período de diez años, lo que impide a Vizcarra postularse a cargos públicos, incluida la posibilidad de participar en las elecciones generales de 2026. Actualmente, busca que el Tribunal Constitucional o la CIDH reviertan esta medida.