El proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, se retomará el 13 de enero de 2025, luego de una pausa por el receso judicial. Acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el exdiputado del Atlántico ha enfrentado un año marcado por avances en su caso y polémicas derivadas de cambios en la Fiscalía.
En julio de 2024, la Fiscalía General de la Nación decidió apartar al fiscal Mario Burgos del caso, tras aceptar una recusación en su contra. Burgos había sido señalado por la Comisión de Disciplina Judicial de filtrar videos de un interrogatorio y presionar a Petro para que declarara en contra de su familia. En su lugar, fue designada la fiscal Lucy Marcela Laborde para continuar con la investigación.
Durante el segundo semestre de 2024, se llevaron a cabo audiencias preparatorias en las que la defensa de Petro solicitó restringir la transmisión de las sesiones, argumentando amenazas contra su cliente y su familia; sin embargo, el juez negó esta petición.
En diciembre de 2024, la fiscal del caso, Luz Adriana Camargo, informó que las negociaciones para un posible preacuerdo con Nicolás Petro avanzaban con dificultades. De no alcanzarse un pacto antes del inicio del juicio, el hijo del presidente podría enfrentar sanciones económicas significativas y penas privativas de la libertad.
El juicio contra Nicolás Petro ha generado amplio interés público y mediático, no solo por su relación familiar con el mandatario, sino también por las implicaciones políticas y éticas que conlleva. Se espera que en las audiencias programadas para enero de 2025 se definan aspectos cruciales del proceso, incluyendo la presentación de pruebas y testimonios que determinarán su responsabilidad en los delitos imputados.