Ordenan al nuevo Superintendente de Salud realizar auditorías constantes a EPS

El gobierno de Gustavo Petro realizó un cambio de roles entre el entonces Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y el exdirector del Instituto Nacional de Salud, Helver Guivianni Rubiano García. Este movimiento ocurrió en medio de una controversia relacionada con un presunto caso de corrupción que involucra a tres EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, lo que fue una de las últimas denuncias realizadas por Leal antes de la rotación de cargos.

Este miércoles, sin mayores anuncios desde la Presidencia, se formalizó la toma de posesión de Helver Guivianni Rubiano García como nuevo Superintendente de Salud. Durante la ceremonia, el presidente Petro pronunció un discurso de diez minutos en el que tocó brevemente la polémica en curso.

El mandatario comenzó destacando la trayectoria de Rubiano, quien participó en la implementación del modelo preventivo en salud durante la administración de Petro en Bogotá. Recalcó que esta estrategia es la que pretende llevar adelante a través de la reforma al sistema de salud.

A continuación, el presidente abordó las tareas que le encomendaría al nuevo superintendente: "La Superintendencia, hoy por hoy, antes de la aprobación de la ley, tiene que vigilar las EPS. Como ya ha sucedido en innumerables ocasiones, mes tras mes surgen denuncias alarmantes sobre el manejo de los recursos públicos. Dinero que debería destinarse a la salud de los colombianos, pero que ha terminado en el negocio privado", expresó el mandatario.

Petro se refirió a presuntas irregularidades en las EPS relacionadas con la gestión de reservas técnicas y los fondos destinados a la atención del COVID-19. También mencionó el escándalo en el que estarían involucradas tres EPS intervenidas, además de una que aún no ha sido objeto de intervención. De forma específica, se centró en esta última, con el fin de desvincular a la Superintendencia de Salud de la crisis en cuestión.

"Ahora surgen nuevas denuncias sobre dineros que han sido desviados hacia paraísos fiscales. De alguna manera, han confundido nuestra labor de intervención con estos hechos, lo que se refiere a una EPS que es Coosalud, que no corresponde a las EPS intervenidas", aclaró Petro, aunque no hizo referencia a que la propia Superintendencia ha señalado que las tres EPS bajo intervención del gobierno también están implicadas en el caso de presunta corrupción.

El presidente añadió: "Han creado una red de empresas que sacan dinero de las IPS y lo envían a paraísos fiscales. Esa investigación debe ser realizada de manera exhaustiva". Acto seguido, ordenó directamente a Rubiano que las EPS intervenidas "deberán someterse a auditorías permanentes".

En cuanto al rol del Estado, Petro subrayó que la intervención debe enfocarse en "sanearlas desde el punto de vista moral". Si se identifican funcionarios involucrados en prácticas indebidas, deben ser removidos de inmediato. "Cualquier interventor que no logre mejorar los indicadores deberá ser reemplazado", indicó, refiriéndose a las EPS bajo control del Estado.

Al final de su discurso, el mandatario afirmó que en todas las EPS intervenidas debe implementarse un sistema de atención primaria y garantizarse el derecho de los pacientes a elegir a su médico. En este sentido, ordenó que dichas entidades contraten con una amplia red de IPS, tanto públicas como privadas, en sus respectivas regiones.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) emitió un comunicado en el que detalló los resultados de una investigación iniciada tras una denuncia recibida el 22 de septiembre de este año. La denuncia señala la posible implicación de Mario Andrés Urán en la administración y manejo de los recursos de varias EPS.

Según los hallazgos de la investigación, Urán, quien ha sido vinculado con perfiles cercanos al gobierno, habría aprovechado su cargo como asesor de Coosalud (EPS no intervenida) para dirigir contratos de tres EPS intervenidas (S.O.S, Asmet Salud y Emssanar) hacia las mismas IPS. Además, habría favorecido a ciertos laboratorios.

La investigación reveló que los gastos se concentraron en un pequeño grupo de IPS sin justificación, mientras que otras fueron excluidas de los pagos. También se descubrió que se estaban realizando pagos a terceros por actividades que eran responsabilidad de los interventores. Estos últimos, según las pesquisas, habrían solicitado la autorización de Urán para llevar a cabo sus funciones. Incluso, se descubrió que Urán intentó perfilar a algunos funcionarios de la Superintendencia de Salud en un intento de "interferir en sus funciones dentro de la entidad".