Petro denuncia corrupción en la Superintendencia de Vigilancia y vincula a Gaviria y Uribe con el descontrol de armas oficiales

En una nueva intervención durante el Consejo de Ministros televisado el lunes 7 de abril de 2025, el presidente Gustavo Petro denunció graves irregularidades en la Superintendencia de Vigilancia, acusando a esta entidad de facilitar el uso de armas oficiales por parte de grupos criminales y paramilitares. Según el mandatario, al menos 62.264 armas del Estado están en manos de personas no identificadas, lo que representa un serio riesgo para la seguridad pública.

Petro responsabilizó a los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez por decisiones que, según él, facilitaron el crecimiento del paramilitarismo en Colombia. En su intervención, el presidente destacó la creación de las Convivir en 1990, bajo el mandato de César Gaviria, como una de las políticas que permitió a civiles armados colaborar con el Estado en tareas de seguridad. Estas políticas, apuntó Petro, fueron la base para la consolidación de grupos paramilitares.

El presidente también indicó que entre 1993 y la actualidad, se otorgaron licencias de funcionamiento a más de 2.000 empresas de vigilancia, sin la supervisión adecuada por parte del Estado. Según Petro, estas empresas de seguridad privada, muchas de las cuales habrían estado vinculadas a grupos criminales, fueron responsables de distribuir armas oficiales a los paramilitares, quienes usaron estas armas para consolidar su poder en diversas regiones, especialmente en Antioquia.

En este sentido, Petro subrayó que el Estado ha facilitado, indirectamente, la protección de narcotraficantes y grupos armados ilegales, al entregar armas oficiales a empresas de seguridad privada que posteriormente habrían estado al servicio de estos grupos. El presidente destacó que, a pesar de los esfuerzos de su gobierno por investigar estos hechos, la Superintendencia de Vigilancia ha fallado en su labor de control.

El mandatario también hizo referencia a Jennifer Parra, quien fue designada para supervisar las actividades de la Superintendencia de Vigilancia. Petro destacó que su gobierno está trabajando para regular de manera efectiva las actividades de las empresas de seguridad, una tarea que, según él, fue descuidada en administraciones pasadas.

Esta denuncia sobre el control estatal de las armas y la vinculación de expresidentes con la expansión del paramilitarismo ha reavivado el debate sobre la relación entre el Estado y los grupos armados ilegales en Colombia. Petro continúa subrayando la responsabilidad del gobierno en la creación y perpetuación de estas estructuras, y ha dejado claro que está dispuesto a tomar medidas firmes para abordar este problema.