El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó que el embajador en Venezuela, Milton Rengifo, asista a la posesión de Nicolás Maduro como presidente, pese a señalar que las elecciones en ese país no fueron libres. La decisión ha generado un intenso debate en Colombia y el extranjero.
A través de un comunicado oficial, la Casa de Nariño confirmó que, aunque Petro no participará personalmente en el acto, considera importante mantener la representación diplomática en un evento clave para la región. “Es esencial preservar el diálogo con Venezuela, un país con el que compartimos fronteras y complejas dinámicas sociales y económicas”, explicó una fuente cercana al Ejecutivo.
No obstante, Petro no evitó criticar la falta de transparencia en los recientes comicios venezolanos. “La democracia debe garantizar elecciones libres y transparentes”, expresó el mandatario en una declaración pública, dejando en claro su postura frente al proceso electoral que mantiene a Maduro en el poder.
La oposición colombiana, liderada por figuras como la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, no tardó en reaccionar. Ramírez calificó la decisión de enviar al embajador como una muestra de “doble moral” y acusó al Gobierno de Petro de legitimar indirectamente a un régimen cuestionado internacionalmente.
La comunidad internacional también observa con atención. Organismos como la Unión Europea y Human Rights Watch han condenado la falta de garantías democráticas en Venezuela, mientras que Petro busca equilibrar la relación bilateral sin validar plenamente el modelo político de Maduro.
El debate sobre la postura de Colombia ante Venezuela evidencia las tensiones inherentes a las relaciones internacionales en América Latina. Si bien Petro aboga por la no intervención y el diálogo, sus acciones son interpretadas por algunos como ambiguas, generando críticas tanto de aliados como de detractores.
La situación plantea interrogantes sobre el papel de Colombia en la región y su enfoque frente a regímenes cuestionados. El envío del embajador podría interpretarse como un intento de no romper lazos con Caracas, pero también deja dudas sobre hasta qué punto el Gobierno Petro está dispuesto a confrontar abiertamente las prácticas antidemocráticas del vecino país.