La Corte Constitucional ya estudia la primera demanda contra el Proyecto de Ley No. 309, que busca prohibir las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, encierros y suelta de vaquillas en todo el país, tanto en espacios públicos como privados. Este proyecto fue aprobado en su último debate por el Senado a finales de mayo y espera la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro.
El grupo demandante, conformado por aficionados taurinos y miembros del partido Centro Democrático, argumenta que durante su trámite en el Congreso se cometieron irregularidades que vulneran el proceso legislativo. Además, sostienen que la ley afecta varios derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad.
El proyecto, que contempla un período de tres años para la eliminación total de estas prácticas, ha generado controversia entre los taurinos, quienes también señalan que no se ha contemplado un plan económico claro para apoyar a quienes dependen de esta actividad.
Los demandantes consideran que "existen vicios de procedimiento" en el proceso de aprobación de la ley y alertan sobre la falta de viabilidad financiera, lo que podría perjudicar a las personas cuyo sustento proviene de los espectáculos taurinos.