La Registraduría Nacional del Estado Civil negó recientemente una solicitud de la Alcaldía de Palmira que pretendía evitar la participación de este municipio en la consulta popular que definirá la creación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia (AMSO), proyectada para integrar a los municipios de Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí y Palmira, en el Valle del Cauca, además de Puerto Tejada y Villa Rica, en el Cauca. Esta consulta, que se celebrará el 24 de noviembre, busca que los ciudadanos decidan si están de acuerdo con el proyecto, el cual podría facilitar la cooperación entre estas localidades en áreas como transporte, desarrollo urbano y medio ambiente.
El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, junto a otros líderes locales, ha liderado una campaña en contra del AMSO, argumentando que su aprobación podría limitar la autonomía de Palmira en la gestión de sus recursos y decisiones internas. "Buscamos proteger la independencia de Palmira frente a decisiones que podrían centralizarse y que quizás no reflejen los intereses locales", han señalado los opositores del proyecto, quienes instan a la ciudadanía a votar por el “No”.
El proyecto del área metropolitana no es reciente; en 2023, alcaldes de los municipios involucrados, incluyendo al exalcalde Óscar Escobar de Palmira, respaldaron formalmente la idea y firmaron una solicitud ante el Congreso, que fue aprobada en noviembre de ese mismo año. Para que esta iniciativa se haga realidad, cada municipio deberá alcanzar una mayoría de votos a favor en la consulta, tal como lo establece la Ley 1625 de 2013.
Mientras el gobierno local de Palmira teme una pérdida de autonomía, los promotores del AMSO aseguran que la iniciativa impulsará el desarrollo regional mediante una planificación conjunta en temas críticos como la infraestructura y la protección de recursos naturales. En contraste, el municipio de Yumbo decidió no participar en esta integración, reflejando las diferentes posturas de cada localidad respecto al proyecto.
La Registraduría Nacional ha confirmado que tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y transparencia del proceso electoral, en colaboración con las autoridades locales y la fuerza pública, asegurando así que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas y sin riesgos.