El ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, presentó su renuncia tras ser solicitado por el presidente Gustavo Petro en medio de señalamientos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, anunciada el 30 de noviembre, responde al impacto político y mediático que generó el caso, en el cual se investigan desvíos de recursos y presuntas irregularidades en contratos por más de 93 mil millones de pesos.
El escándalo tomó fuerza luego de que María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, declarara ante la Fiscalía que el ministro estaba al tanto de las operaciones cuestionadas. Según la investigación, los fondos habrían sido desviados hacia contratistas asociados con congresistas para garantizar la aprobación de créditos internacionales. Aunque Bonilla ha rechazado las acusaciones, argumentando su inocencia y compromiso con la transparencia, su salida refleja la creciente presión sobre la administración de Petro.
En su defensa, el mandatario destacó los logros de Bonilla en medio de lo que calificó como un “intento de ahogamiento fiscal” por parte de la oposición. Sin embargo, sectores políticos, incluidos críticos como la senadora María Fernanda Cabal, han señalado la renuncia como un reflejo de una "corrupción sistemática" en el gobierno actual.
La renuncia de Bonilla profundiza la crisis política del gobierno Petro, que enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la gestión de la UNGRD, un tema que seguirá bajo escrutinio en los próximos meses.