En un giro inesperado en la estructura del Ejército Nacional de Colombia, el general Raúl Vargas Idárraga ha sido notificado de su exclusión del curso para ascender a mayor general, lo que marca su salida de la institución. Esta decisión se produce en medio de señalamientos por su presunta vinculación con una ejecución extrajudicial ocurrida en Boyacá en 2004, cuando era jefe de operaciones del Batallón Bolívar. Según reportes, un informe firmado por Vargas habría sido utilizado para encubrir la operación bajo una supuesta legitimidad.
El caso en cuestión salió a la luz tras el testimonio del sargento retirado Jaime Coral, quien reveló irregularidades en los reportes oficiales. La operación, que se presentó como un enfrentamiento con paramilitares, habría sido un montaje, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el informe falseado se narraba un combate ficticio que concluyó con la muerte de un supuesto "terrorista", acompañado de un fusil y otros elementos que, según los investigadores, fueron plantados.
Además de Vargas, otros altos oficiales enfrentan consecuencias similares. Generales como Óscar Murillo, Miller Nossa, Néstor Enrique Caro y Giovanny Valencia también han sido relevados de sus funciones en una serie de cambios que incluyen la reestructuración de mandos en varias divisiones del Ejército. Este movimiento busca renovar las filas de la institución en un contexto de investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos y reorganización de las Fuerzas Militares.
Las Fuerzas Armadas han designado nuevos oficiales para ocupar cargos clave, como parte de una estrategia para fortalecer la estructura operativa y mejorar la confianza pública en la institución. Sin embargo, estos cambios también han suscitado debates sobre la transparencia y las condiciones internas en el Ejército.