Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de los cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado relacionados con su presunta participación en el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles”. El Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia determinó su inocencia, subrayando errores graves por parte de la Fiscalía en la investigación.
Según el juez encargado, la Fiscalía cometió fallos significativos que afectaron la solidez del caso. Uno de los principales problemas fue el uso de un testigo cuya credibilidad se cuestionó en varias instancias, debilitando las pruebas presentadas contra Uribe Vélez. A este testigo se le atribuyó información clave sobre la relación de Uribe con los paramilitares, pero su testimonio resultó inconsistente y controvertido en el juicio. Además, se le criticó a la Fiscalía el haber interpretado pruebas indirectas como indicios definitivos, lo que generó dudas sobre la fiabilidad de los hallazgos presentados.
Jaime Granados, abogado defensor de Uribe Vélez, afirmó que esta absolución confirma que las acusaciones estaban motivadas por factores políticos más que judiciales. Declaró que la Fiscalía manipuló el caso como una “instrumentalización” de Uribe Vélez debido a sus vínculos familiares, insinuando que se trataba de una maniobra contra la familia del expresidente. Este señalamiento refuerza la percepción de que la investigación tenía errores estructurales en su fase de recolección y análisis de evidencia.
En respuesta, la representación de las víctimas ha anunciado una apelación, afirmando que los errores de la Fiscalía no deben impedir la búsqueda de justicia en un caso de tal gravedad. La complejidad del caso y la controversia en torno a los métodos de investigación han colocado nuevamente el debate sobre los procesos de justicia y las presiones políticas en la escena pública, subrayando la necesidad de una revisión exhaustiva en las futuras instancias judiciales