AFP
La administración Trump anunció el lunes que está demandando a Los Ángeles para desafiar su estatus como ciudad "santuario" para inmigrantes, poco más de dos semanas después de las protestas contra las duras operaciones de control de inmigración.
El gobierno federal culpa a esta política, que limita la colaboración de las fuerzas de seguridad locales con la policía federal de inmigración, de haber fomentado los enfrentamientos que han empañado algunas manifestaciones en la megaciudad californiana.
"Las políticas de santuario han sido la causa principal de la violencia, el caos y los ataques a las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles", dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado.
"Jurisdicciones como Los Ángeles, que violan la ley federal al priorizar a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos estadounidenses, socavan la aplicación de la ley en todos los niveles; esto terminará con el presidente Trump", añadió.
Las manifestaciones de principios de junio, en gran medida pacíficas, en ocasiones degeneraron en violencia y enfrentamientos con la policía en una pequeña parte de Los Ángeles.
Ante imágenes de robotaxis en llamas y edificios cubiertos de grafitis, Donald Trump desplegó 4.000 efectivos de la Guardia Nacional de California y 700 marines.
Las autoridades locales lo acusaron de "fabricar una crisis", afirmando que la policía local era más que suficiente para manejar las protestas y condenando la violencia.
Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración una prioridad máxima desde que regresó al poder y ha prometido deportar a millones de inmigrantes ilegales.
Una promesa difícil de cumplir, complicada por la existencia de numerosas ciudades y estados santuario demócratas en Estados Unidos.
La denuncia del departamento, presentada el lunes en un tribunal federal de California, apunta específicamente a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al presidente del consejo municipal.
La política de santuario de la ciudad, implementada de acuerdo con una ordenanza local, es "ilegal", según la demanda, que pide su cancelación.
"Estas leyes y políticas están diseñadas para impedir y discriminar la aplicación de la ley federal de inmigración por parte del gobierno federal", argumenta la denuncia, y agrega que el "propósito expreso" de la medida es "impedir que los agentes federales cumplan con sus obligaciones".
Cuando se contactó al Ayuntamiento de Los Ángeles, no hubo respuesta inmediata.
En febrero, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado demócrata de Illinois y la ciudad de Chicago, dos jurisdicciones "santuario".
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