En esta oportunidad, el senador Iván Cepeda amplía su denuncia contra el expresidente Iván Duque, señalando posibles delitos como lavado de activos, abuso de autoridad y violación ilícita de comunicaciones, relacionados con la presunta adquisición del software espía Pegasus.
El pasado 25 de septiembre, Cepeda había denunciado a Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pero ahora ha decidido profundizar en los señalamientos contra el exmandatario. Los nuevos cargos incluyen lavado de activos y abuso de autoridad, entre otros.
Según el congresista, la ampliación de la denuncia se fundamenta en las revelaciones de la prensa sobre la posible identificación de pilotos y tripulantes en vuelos que habrían trasladado los recursos para adquirir el software Pegasus a la compañía israelí NSO Group. Cepeda asegura que estos nuevos hechos no eran conocidos cuando se presentó la denuncia inicial y considera necesario incluirlos.
“Es imperativo investigar bajo qué acuerdos comerciales internacionales se realizó esta transacción y si se respetaron los derechos fundamentales, especialmente durante contextos sensibles como el estallido social y el ambiente preelectoral”, afirmó el senador. Cepeda también expresa su preocupación sobre el origen de los recursos utilizados para la compra de Pegasus.
La ampliación de la denuncia enfatiza la necesidad de investigar por posible lavado de activos, dado que el dinero utilizado para la compra podría provenir de recursos incautados al narcotráfico. Igualmente, señala que la posible desviación de fondos públicos “no presupuestados para adquirir este software podría constituir peculado, especialmente si estos recursos estaban destinados a otros fines”.
Otro aspecto que Cepeda destaca es la presunta colaboración entre funcionarios y actores cercanos a la Casa de Nariño durante la administración Duque, lo que, según el senador, “sugiere indicios de concierto para delinquir, con el propósito de llevar a cabo actividades ilegales relacionadas con el espionaje y la vigilancia sin justificación legal”.
Para Cepeda, la adquisición y uso de Pegasus “no solo representaría una violación de derechos fundamentales, sino que también podría haber afectado gravemente la libertad de expresión y la participación política en Colombia”.