El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al referirse al caso de la Comuna 13, que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante operaciones militares en esa zona de Medellín. Uribe acusó a la JEP de estar mostrando un sesgo político al abordar este caso, asegurando que la institución está "dedicada a la política Petro-Santista" y que sus decisiones no están basadas en principios de justicia imparcial.
El caso de la Comuna 13, que se ha convertido en un símbolo de las dificultades del proceso de paz en Colombia, involucra señalamientos sobre abusos cometidos por fuerzas militares durante las operaciones para recuperar el control de la zona en los años 2000, cuando Medellín era uno de los puntos más críticos del conflicto armado en el país. Uribe defendió enérgicamente las acciones del Ejército, argumentando que las operaciones fueron necesarias para restablecer el orden en una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales.
Estas declaraciones de Uribe se dan en un momento de creciente polarización política en Colombia, en el que el rol de la JEP y su actuación en el marco del proceso de paz siguen siendo altamente debatidos. Mientras algunos sectores del país defienden el papel de la JEP como un componente clave para lograr la justicia transicional, otros, como Uribe, cuestionan su imparcialidad y la influencia de la política en sus decisiones.