El Consejo de Estado, en una decisión emitida el pasado 6 de diciembre, declaró responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por la tragedia ocurrida el 18 de mayo de 2014. Ese día, una buseta de placas UV8-556 se incendió, provocando la muerte de 33 niños y un adulto.
La alta corte revisó los recursos de apelación presentados tanto por la Iglesia Pentecostal Unida como por otras partes demandadas contra una sentencia del 12 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Dicha sentencia ya había accedido parcialmente a las demandas de las víctimas.
Según los demandantes, las entidades y organizaciones involucradas cometieron un "cúmulo de omisiones", como no ejercer el debido control sobre el estado del vehículo y la idoneidad de su conductor. Estas negligencias, señalaron, facilitaron que el 18 de mayo de 2014 el vehículo se incendiara mientras transportaba a más de 60 niños tras un evento religioso.
El Consejo de Estado ordenó indemnizaciones colectivas e individuales para los afectados. La Iglesia Pentecostal Unida asumirá el 80 % de la condena, equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, tanto el municipio de Fundación como su Instituto de Tránsito deberán cubrir cada uno el 10 % restante, equivalentes a 1.790 salarios mínimos legales mensuales.
*¿Cómo ocurrieron los hechos?*
La tragedia ocurrió al mediodía del 18 de mayo de 2014, cuando un vehículo de servicio especial que transportaba a 60 niños y un adulto comenzó a incendiarse en la vía que conecta Fundación con Bosconia, Cesar. Los pasajeros regresaban de una actividad evangelizadora organizada por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
Según el Consejo de Estado, el conductor manipuló gasolina dentro del vehículo sin evacuar a los ocupantes, lo que provocó el incendio. Las llamas comenzaron en la parte delantera, atrapando a los niños en la parte trasera del bus. El resultado fue devastador: 33 niños y un adulto fallecieron, mientras que los demás sufrieron graves lesiones.
Investigaciones posteriores revelaron que el vehículo tenía 20 años de antigüedad, con licencia de tránsito cancelada, seguro obligatorio vencido y sin revisión técnico-mecánica vigente. Además, el conductor no contaba con una tarjeta de conducción actualizada ni vínculo laboral con la empresa Coonortin de Barranquilla, propietaria del vehículo.
A pesar de los años transcurridos, los habitantes de Fundación recuerdan cada 18 de mayo con profunda tristeza el dolor que dejó la tragedia. Aunque las decisiones judiciales han avanzado, la comunidad sigue exigiendo justicia y garantías para que hechos similares no se repitan.