Crisis institucional: 28 congresistas del Pacto Histórico enfrentan audiencia clave por posible pérdida de investidura

La política colombiana entra en una semana decisiva con profundas implicaciones institucionales, encabezada por una audiencia clave convocada por el Consejo de Estado para este miércoles 14 de mayo, donde 28 congresistas —en su mayoría del Pacto Histórico— deberán responder por presunta pérdida de investidura. La acusación se centra en un acto legislativo impulsado en 2023 que, según los demandantes, buscaba beneficios personales y violaría el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Aunque la reforma política señalada fue archivada sin ser debatida formalmente, los demandantes sostienen que su sola radicación constituye una tentativa de modificar el ordenamiento jurídico en favor propio. Entre los implicados figuran figuras destacadas del oficialismo como María José Pizarro, Clara López, Isabel Zuleta, Lirio Uribe y Heráclito Landínez.

Este último aseguró que los congresistas están tranquilos frente al proceso. “No se materializó ningún beneficio ni se configuró causal alguna de pérdida de investidura”, afirmó el representante Landínez. El legislador también recalcó que la reforma no llegó a discutirse, lo cual refuerza —según su defensa— la inexistencia de una violación al régimen legal.

La audiencia se produce en un contexto de alta tensión política. Este martes 13 de mayo se dará inicio al debate en el Congreso sobre la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro, una iniciativa que ha generado divisiones en las bancadas y múltiples cuestionamientos jurídicos. Se espera que la votación se realice el miércoles, coincidiendo con la audiencia del Consejo de Estado.

A ello se suma la incertidumbre sobre las curules de los senadores Iván Name y Andrés Calle, actualmente detenidos por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta situación ha dejado un vacío legal que impide avanzar con normalidad en las decisiones del Senado, incluyendo la elección de nuevos vicepresidentes tras decisiones de nulidad.

Además, una demanda interpuesta contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, podría alterar el desarrollo del debate sobre la consulta popular. La acción judicial argumenta falta de imparcialidad del congresista conservador en el manejo del proceso legislativo, y busca su exclusión del trámite parlamentario relacionado con la propuesta del Ejecutivo.