El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que un tribunal de Washington obligue a Google a vender su navegador Chrome como parte de las medidas para remediar lo que considera un monopolio ilegal en el mercado de las búsquedas en línea. Esta propuesta se enmarca dentro de una serie de medidas que buscan restablecer la competencia y limitar la posición dominante de la empresa en el mercado.
En su solicitud, el Departamento de Justicia señala que "Google debe vender Chrome de manera rápida y total a un comprador aprobado por los demandantes a su exclusivo criterio". Esta medida, de adoptarse, podría marcar un precedente histórico, siendo la primera vez que una gran empresa tecnológica es dividida bajo la legislación antimonopolio federal desde la disolución de AT&T en 1982.
La acción judicial contra Google se produce después de que un juez federal declarara en agosto que la empresa había logrado construir un monopolio ilegal al controlar más del 90% de las búsquedas en línea. Según el Departamento de Justicia, la venta de Chrome se considera esencial porque "representa un punto de acceso clave a través del cual muchas personas utilizan el motor de búsqueda de Google". Esto refuerza la noción de que el navegador es una herramienta crucial para mantener la hegemonía de Google en las búsquedas, lo que limita la competencia.
Además de la venta de Chrome, el Departamento de Justicia también ha propuesto otras medidas significativas. Una de ellas es que Google deje de favorecer sus propios servicios en el sistema operativo Android, e incluso la posible venta de esta plataforma. También se busca evitar que Google realice pagos a fabricantes de dispositivos, como Apple, para asegurar que su motor de búsqueda sea la opción predeterminada en estos dispositivos.
En respuesta a esta propuesta, Kent Walker, presidente de asuntos globales y director jurídico de Google, ha criticado duramente la medida, calificándola de "asombrosa" y como una "extralimitación gubernamental sin precedentes". Según Walker, la venta de Chrome y otras medidas propuestas podrían perjudicar tanto a los consumidores como al liderazgo tecnológico de Estados Unidos, acusando al Departamento de Justicia de buscar una "agenda intervencionista radical".
A pesar de las críticas, la demanda continúa su curso, y se espera que el tribunal tome una decisión final en los próximos meses, lo que podría redefinir el panorama de la competencia en el sector tecnológico.