El aumento de indigentes (habitantes de calle) en Valledupar llevó a que se requiriera información sobre la implementación de la política pública destinada a esta población. Se busca conocer la caracterización demográfica y socioeconómica, además de los métodos utilizados para recopilar datos y la periodicidad del censo.
La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán los documentos que respalden la intervención social realizada y detalles sobre los componentes de la estrategia en caso de estar en ejecución. Además, la Regional del Cesar solicitó información sobre los servicios sociales disponibles y los procesos de focalización empleados para garantizar la protección de estas personas.
Con este requerimiento, el ente de control asegura que se refuerza la vigilancia sobre las acciones dirigidas a la población indigente en la capital del Cesar.