Aunque Gregorio Eljach, el procurador electo, comenzará oficialmente su mandato el próximo 15 de enero, fecha en la que culmina el periodo de Margarita Cabello, se ha confirmado que tomará posesión este viernes 20 de diciembre ante el presidente Gustavo Petro. El evento tendrá lugar en Riohacha, La Guajira, ciudad natal de Eljach.
La razón de esta anticipada toma de posesión se debe a los compromisos previos del presidente Petro en su agenda de enero. Para acomodarse a estos horarios, se acordó celebrar la ceremonia en diciembre, aprovechando la visita oficial del presidente a la región. El acto protocolario se llevará a cabo a las 2:00 p.m., y ya se han enviado invitaciones a altos funcionarios del gobierno, como Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.
También se espera la participación del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha estado involucrado en tensos intercambios con el presidente Petro debido a los recientes señalamientos del mandatario contra el Congreso, incluidos insultos hacia los congresistas. La ceremonia se celebrará en un contexto de tensiones entre Petro y las altas cortes, las cuales han sido criticadas por el presidente debido a fallos que considera adversos. Estos comentarios llevaron al Consejo de Estado a protestar públicamente, defendiendo la independencia y autonomía del poder judicial.
La toma de posesión anticipada ha generado un debate jurídico, ya que el mandato de Margarita Cabello no finaliza hasta el 15 de enero. No obstante, desde la Casa de Nariño se aclaró que no hay irregularidad en este procedimiento. Según el Decreto Ley 262 de 2000, que regula la organización de la Procuraduría, el procurador debe tomar posesión ante el presidente sin especificar un plazo mínimo o máximo para hacerlo antes del inicio de su mandato. Además, el periodo del procurador es de carácter personal, por lo que la anticipación de la posesión no afecta el ejercicio de las funciones de la actual procuradora ni genera conflicto de intereses. Desde la Casa de Nariño señalaron que esta práctica ha sido recurrente por razones de agenda y protocolo.