Imputan cargos contra la ex ministra del Deporte María Isabel Urrutia

La Fiscalía General de la Nación imputó este jueves a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, en relación con un contrato adjudicado en diciembre de 2022 para la implementación de un sistema de validación nacional en estadios de fútbol.

Las investigaciones señalan que la exfuncionaria habría ignorado las advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre posibles irregularidades en el proceso precontractual. A pesar de ello, Urrutia firmó un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta, cuyo valor ascendió a $4.950 millones, sin realizar los estudios de mercado ni justificar la contratación directa en vez de recurrir a una licitación pública.

El contrato, basado en el Decreto 1622 de 2022, tenía como objetivo diseñar e implementar un sistema que asociara los boletos de acceso a los estadios con la identificación de los asistentes, además de verificar antecedentes judiciales para restringir el acceso a personas sancionadas. No obstante, según los hallazgos de la Fiscalía, el contrato finalizó con un alcance diferente, ya que solo se ejecutó un análisis para la implementación del sistema, incumpliendo así el mandato original.

El ente acusador también sostiene que Urrutia habría orientado el contrato con el fin de beneficiar a una persona específica, condicionando la adjudicación para que los intermediarios subcontrataran a esa persona en particular. Este comportamiento, de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, violó los principios de transparencia y competencia establecidos por la ley.

Además, los documentos previos del contrato, firmados por Urrutia, contenían información falsa sobre la viabilidad técnica del proyecto y no incluyeron los pasos necesarios para determinar el precio correcto de las actividades previstas. Estas irregularidades habrían sido cruciales para que el proceso estuviera viciado desde su inicio.

Por otro lado, la Fiscalía destacó que algunos funcionarios que supuestamente respaldaron el expediente no participaron en la elaboración de los estudios técnicos, lo que refuerza la presunción de falsedad ideológica en el trámite administrativo.

El caso continuará en manos de la justicia, que deberá determinar la responsabilidad de la exministra en los hechos señalados. La audiencia de formulación de cargos se reanudará en las próximas semanas.