Juan Fernando Espinal denuncia posible violación de la Ley 63 de 1923 luego de la transmisión en vivo del Consejo de Ministros de Colombia

El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al transmitir en vivo el Consejo de Ministros del 4 de febrero, una decisión que ha generado debate sobre la legalidad de esta acción y ha evidenciado tensiones internas en el gabinete.

Durante la reunión, Petro expresó su descontento con el cumplimiento de los compromisos ministeriales, señalando que de 195 acuerdos, 146 no se habían ejecutado. Además, la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, manifestaron su inconformidad con el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho, debido a denuncias en su contra.

La transmisión pública del consejo ha suscitado críticas por una posible violación de la Ley 63 de 1923, que establece la confidencialidad de estas reuniones. El artículo 9 de dicha ley indica que "las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas, y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta".

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, afirmó que la transmisión pública del Consejo de Ministros violaba la Ley 63 de 1923, que establece la confidencialidad de estas reuniones. Espinal recordó que las sesiones del consejo son absolutamente reservadas y que no debe revelarse información sobre los asuntos tratados ni sobre los ministros involucrados. Según el congresista, esta ley sigue vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo que el presidente podría estar incurriendo en una ilegalidad.

La decisión de transmitir la reunión también ha generado reacciones en la opinión pública y en las redes sociales, donde se han compartido memes y comentarios que comparan las dinámicas del gabinete con telenovelas y realities.

INFOBAE.COM

Analistas políticos advierten que esta acción podría debilitar la imagen de unidad del gobierno y abrir un debate sobre la transparencia y la confidencialidad en la gestión pública. La manera en que se aborden estos desafíos podría tener implicaciones significativas para la estabilidad y eficacia del gobierno en el futuro.

La atención se centra ahora en las medidas que el gobierno tomará para resolver las tensiones internas y abordar las preocupaciones legales planteadas. Es esencial que las autoridades consideren cuidadosamente las lecciones aprendidas de este incidente para fortalecer la gobernanza y la confianza pública.