El Tribunal Administrativo del Quindío confirmó en primera instancia una decisión que declaró la vulneración y amenaza de los derechos colectivos de los habitantes de la Hacienda Pisamal, en el departamento del Quindío. El fallo se originó tras un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la Nación, que pidió garantizar un ambiente sano en la zona.
Así, el pronunciamiento judicial ordenó establecer un plan de manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales en los predios de la hacienda, con el fin de asegurar un desarrollo sostenible y prevenir nuevos daños ambientales.
La Procuraduraduría Delegada de Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios señaló que las resoluciones que causaron las afectaciones fueron emitidas por varias entidades del orden nacional y regional. Estas incluyen a la Agencia Nacional de Tierras, las corporaciones autónomas regionales del Quindío y del Valle del Cauca, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, así como autoridades del departamento del Quindío y del municipio de La Tebaida.
Las entidades involucradas deberán realizar, en un plazo máximo de un año, una caracterización ambiental y levantamiento de línea base biofísica en la Hacienda Pisamal. Esta labor permitirá identificar pasivos ambientales y establecer medidas de manejo, mitigación y recuperación.
También deberán delimitar las zonas con restricciones ambientales y aquellas aptas para actividades económicas, señalándolas físicamente con mojones. Esto facilitará el control y seguimiento ante posibles deterioros ambientales dentro de los predios.
Finalmente, la Procuraduría informó que el Ejército y la Policía Nacional deberán apoyar las acciones ambientales y reforzar la vigilancia para evitar nuevas afectaciones ecológicas en la zona.