Revelaciones de un agente de inteligencia sobre el exterminio de movimientos de izquierda en Colombia

José Leonairo Dorado Córdoba, exagente de inteligencia militar, realizó graves confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que reabrieron viejas heridas en la historia de Colombia. Según Dorado, durante las décadas de los 80 y 90, desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia y la Brigada XX, se llevó a cabo un plan sistemático para perseguir y eliminar a miembros de la Unión Patriótica (UP), el M-19 y otros movimientos de izquierda, en el marco del operativo conocido como "Golpe de Gracia".

Dorado detalló que estas acciones, orquestadas bajo la doctrina del "enemigo interno", incluyeron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. Entre las víctimas se cuentan figuras como el senador Manuel Cepeda Vargas, cuyo asesinato en 1994 fue descrito por Dorado como "una muerte anunciada". Según su testimonio, los seguimientos y la ejecución fueron ordenados por altos mandos militares, entre ellos el general Iván Ramírez Quintero.

El exagente también vinculó a Ramírez Quintero con otros crímenes de lesa humanidad, incluyendo la desaparición de Nydia Érika Bautista, militante del M-19, en 1987, y el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza en 1998. Estas acciones habrían sido parte de un esfuerzo por silenciar a quienes denunciaban los abusos del Ejército, como lo hizo Umaña al exponer las violaciones cometidas por la Brigada XX. Dorado describió cómo estas operaciones incluían interceptaciones telefónicas, amenazas y el uso de escuadrones especiales para ejecutar los crímenes.

Los testimonios de Dorado también apuntaron al uso de instalaciones militares como centros de tortura y ejecución, con los restos de algunas víctimas posiblemente enterrados en lugares como ladrilleras. Organizaciones de derechos humanos han exigido a la JEP que actúe rápidamente para identificar estos sitios y avanzar en la búsqueda de justicia para las familias afectadas.

El impacto de estas confesiones ha sido significativo. Colectivos de derechos humanos y familiares de las víctimas han señalado que estas revelaciones confirman la existencia de una política sistemática de exterminio que requiere no solo esclarecimiento, sino también el juzgamiento de los responsables. La esperanza es que estas declaraciones motiven a otros agentes a aportar información que permita cerrar este doloroso capítulo de la historia colombiana.