Bogotá denuncia presunta instrumentalización de niños Emberá en tráfico de drogas en San Bernardo

La Secretaría de Integración Social de Bogotá, liderada por Roberto Angulo, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de instrumentalización de menores de edad pertenecientes al pueblo Emberá en actividades relacionadas con el transporte de sustancias ilícitas. Según la entidad, los menores estarían siendo utilizados para movilizar drogas desde el barrio San Bernardo hacia el asentamiento de La Rioja, en el centro de la ciudad.

Este hecho, calificado como una "posible vulneración de derechos", ha encendido las alertas en la Administración Distrital por el impacto que podría tener en la integridad de niñas, niños y adolescentes indígenas. En un comunicado oficial, la Secretaría señaló que esta situación también refleja un problema creciente de consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de la zona, lo que agrava el riesgo para los menores involucrados.

“La utilización de niños y niñas puede comprometer su bienestar y seguridad, además de ser inadmisible y debe ser objeto de investigación rigurosa por parte de las autoridades competentes”, aseguró la entidad distrital, reiterando su compromiso con la protección integral de los derechos de la niñez.

La Alcaldía de Bogotá rechazó de manera contundente cualquier intento de instrumentalizar a menores en hechos delictivos y urgió a las autoridades judiciales a avanzar rápidamente con las indagaciones que permitan establecer responsabilidades. Al mismo tiempo, hizo un llamado a las instituciones del orden nacional para fortalecer las acciones de protección y atención integral dirigidas a la comunidad Emberá, históricamente vulnerable en el contexto urbano de la capital.

El caso se suma a una serie de preocupaciones manifestadas en los últimos meses por entidades públicas y organizaciones sociales sobre el creciente riesgo al que se ven expuestos los niños indígenas en entornos urbanos, especialmente en sectores marcados por el microtráfico y el abandono institucional.

La Fiscalía aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia, mientras se espera que se adelanten las verificaciones y se determine si existen redes criminales detrás de la presunta utilización de menores para actividades ilegales.