Por primera vez en la historia del país, las figuras de jueces, magistrados y ministros han tomado un lugar central en el debate público ante el inicio de las campañas rumbo a las elecciones del 1 de junio de 2025. Esta fecha marcará un cambio en el modelo de selección de los operadores del Poder Judicial, luego de la reforma aprobada en septiembre de 2024.
De acuerdo con el nuevo esquema, la ciudadanía elegirá un total de 881 cargos judiciales. Entre ellos se encuentran nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal Electoral, y otros cargos distribuidos en distintas instancias. Por esta razón, los candidatos iniciaron campañas con mensajes dirigidos a explicar sus propuestas y funciones, ya sea mediante redes sociales o por medios impresos.
El proceso electoral judicial abrió un espacio inédito donde la ciudadanía puede conocer las diferencias entre cada cargo. En términos generales, los jueces resuelven conflictos entre partes con base en la ley y hechos probados, y son la primera instancia del sistema. Por su parte, los magistrados revisan las resoluciones de los jueces cuando se presentan apelaciones, además de integrar órganos colegiados en tribunales especializados. Finalmente, los ministros de la Suprema Corte interpretan la Constitución y resuelven controversias de alto impacto para los derechos y libertades fundamentales.
Durante una entrevista con NotiPress, Jaime Santana Turral, magistrado de circuito con sede en Toluca, Estado de México, en funciones y candidato al Tribunal de Disciplina Judicial, afirmó que uno de los retos clave es "lograr la honorabilidad del Poder Judicial", en un contexto donde la desconfianza ciudadana exige una transformación profunda. Según sus palabras, "la gente no confía en sus personas juzgadoras […] de tal manera que eso es la prioridad: tratar de lograr un prestigio de la institución". Asimismo, abundó que el resultado de la elección será el concepto de que el patrón de los jueces será el pueblo.
En ese sentido, el magistrado subrayó que la visibilidad pública de los candidatos representa una oportunidad para que la sociedad conozca no solo las funciones de los nuevos integrantes del Poder Judicial, sino también sus valores, capacidades y compromisos éticos. Explicó que la reforma no solo implica una nueva forma de selección, sino una demanda directa por transparencia, integridad y conexión con la sociedad.
La apertura del proceso también trajo a discusión temas estructurales como la comunicación judicial, la independencia institucional y el papel del nuevo Tribunal de Disciplina. Este organismo tendrá la responsabilidad de evaluar la honorabilidad, desempeño y capacidad técnica de los nuevos juzgadores, con facultades incluso para remover a quienes no cumplan con los requisitos.
Bajo este panorama, las campañas judiciales en curso representan un cambio cultural. El Poder Judicial, históricamente apartado del debate ciudadano, se enfrenta ahora a la necesidad de comunicar su función, explicar su relevancia y ganarse nuevamente la legitimidad ante la población.