La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por seis años y ocho meses a Ana Patricia Díaz Latorre, profesional universitaria vinculada a la Gobernación del Quindío, tras comprobar que se apropió de recursos públicos mediante autoliquidaciones irregulares. La decisión fue emitida en primera instancia por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío.
Entre julio de 2021 y septiembre de 2023, Díaz Latorre recibió 52 pagos indebidos, generando un mayor valor liquidado por más de $50 millones. Según el ente de control, estos montos excedieron lo permitido por la normatividad vigente y vulneraron los principios que rigen la administración pública.
Por su parte, la investigación determinó que la sancionada alteró datos en el sistema oficial de gestión administrativa y de nómina. Esta modificación le permitió incorporar valores sin sustento legal, los cuales fueron abonados directamente en su cuenta personal.
Así, la Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida con dolo, al establecer que la funcionaria infringió de forma directa el principio de moralidad en el ejercicio público. La sanción también tuvo en cuenta la aceptación de cargos por parte de la disciplinada y la devolución voluntaria de más de $56 millones.
Actualmente, el fallo se encuentra en etapa de primera instancia.