Durante la audiencia celebrada este 3 de julio en el Tribunal Superior de Bogotá, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Carlos Ramón González sostuvo con firmeza que no existe ningún acto en su trayectoria profesional que lo vincule a conductas delictivas. González se describió como víctima de un “linchamiento mediático” y declaró desde Nicaragua que se siente incriminado sin fundamento, comparando su situación con escenas de películas en las que se fabrican culpables sin pruebas.
El tribunal había ordenado su captura porque lo consideró “peligro para la comunidad” y existe riesgo de fuga, tras acusaciones que lo vinculan con el desvío de recursos de la UNGRD y el pago de sobornos a congresistas. Sin embargo, en su defensa González cuestionó la credibilidad del testigo clave, afirmando que no tiene sustento ni consiste en testimonios consistentes, y cuestionó por qué se le considera sospechoso simplemente por su cercanía con el presidente Petro o por haber sido guerrillero en su juventud.
González insistió en que las acusaciones se basan en las aseveraciones del testigo Olmedo López, a quien calificó de poco confiable, y exigió que se examine con rigor si hubo faltas objetivas en su actuar como funcionario. Subrayó que no ha cometido actos de corrupción y que los señalamientos constituyen una reacción desproporcionada y sin respaldo jurídico o probatorio.
La defensa apeló la orden de captura y elevó el caso a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que revise la medida cautelar. Mientras tanto, el proceso sigue su curso, con la Fiscalía investigando delitos como cohecho, peculado y lavado de activos dentro del caso UNGRD.