Gobierno colombiano no renovará contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons: Imprenta Nacional asumirá desde septiembre

El Gobierno de Colombia anunció que no prorrogará el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes, el cual vence el próximo 30 de agosto. A partir del 1 de septiembre, la impresión del documento estará a cargo de la Imprenta Nacional, en alianza técnica con la Casa de la Moneda de Portugal.

El anuncio fue hecho por el jefe de gabinete, Alfredo Saade, desde la Casa de Nariño, quien afirmó que la decisión responde a instrucciones directas del presidente Gustavo Petro. Saade indicó que el Ejecutivo busca avanzar en un nuevo modelo en el que se articule la capacidad pública nacional con el respaldo técnico de una entidad internacional experta como la portuguesa.

La decisión de no renovar el vínculo con Thomas Greg se da tras años de contrataciones directas, controversias legales y cuestionamientos por presuntas irregularidades en los procesos licitatorios. Desde 2007, dicha empresa había sido el proveedor exclusivo de los pasaportes colombianos, y su continuidad se sostenía mediante prórrogas sucesivas que, en varias ocasiones, fueron calificadas como excepcionales o bajo urgencia manifiesta.

Aunque la Imprenta Nacional no había estado previamente en capacidad de asumir la tarea, el Gobierno asegura que ahora cuenta con los recursos y la infraestructura para hacerlo, gracias al acompañamiento de la Casa de la Moneda de Portugal. No obstante, persisten dudas en sectores técnicos y sindicales sobre si realmente estará lista para enfrentar la demanda nacional e internacional del documento, estimada en cientos de miles de unidades mensuales.

Entre los desafíos más importantes está la entrega de aproximadamente 600.000 libretas por parte de Thomas Greg antes del cierre del contrato, así como garantizar que no haya interrupciones en el servicio una vez se realice el traspaso a la nueva administración.

Críticos de la decisión advierten sobre posibles demoras, pérdidas económicas superiores a $85.000 millones y afectaciones a los usuarios si el nuevo esquema falla en su implementación. Además, recuerdan que la licitación inicial fue declarada desierta, lo que permitió acudir a contrataciones directas, una figura que en el pasado ya había despertado dudas sobre transparencia.